miércoles, 20 de enero de 2016

Qué implica la ley de derribo (1)

La emergencia en seguridad habilita el derribo de vuelos narcos
El Gobierno autorizó a los militares a abrir fuego contra aeronaves "hostiles" en el espacio aéreo argentino
Daniel Gallo - LA NACION



El Gobierno declaró ayer la "emergencia de seguridad pública" con un decreto que firmó el presidente Mauricio Macri, horas antes de viajar a la cumbre de Davos. En dicha norma se destaca la posibilidad de derribar avionetas ligadas con el narcotráfico.

La Casa Rosada definió la existencia de un alto índice de delito complejo y la necesidad de "revertir esa situación de peligro colectivo". Con el ingreso de drogas como elemento central a combatir, el decreto de emergencia en seguridad también deja abierta la puerta al derribo de aeronaves "hostiles".

En el comunicado de prensa difundido ayer por el Gobierno se indicó que se levantaría "el secreto militar de las reglas de empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415, de 2014". Pues bien, esa norma fue la que habilitó la posibilidad de abrir fuego contra aeronaves que no respetasen la orden de no volar en un perímetro cercano a la ciudad de Paraná, en momentos en que allí se desarrollaba la cumbre del Mercosur.

Sin embargo, la parte importante del decreto de emergencia de seguridad figura en el artículo 9: "Protección del espacio aéreo. Apruébanse las reglas de protección aeroespacial, que, como Anexo I, forman parte del presente decreto". En ese anexo se determinan las reglas autorizadas en todo el territorio argentino a partir de este decreto, y en el documento se señaló: "Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores «declarados hostiles»".

En la definición de aeronave hostil se detallaron aquellas que "por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implican una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".

La llamada ley de derribo siempre provocó polémicas, aunque está en funciones en la mayoría de los países de la región, incluyendo Bolivia, Venezuela y Brasil. Perú volvió a aprobar una ley similar la semana pasada. La referencia al decreto de 2014 tiene que ver con una exposición pública de medidas que el kirchnerismo tomó sin gran difusión. Desde la cumbre de las Américas, en 2015, cada encuentro de presidentes contó con un perímetro de seguridad aérea y un decreto que permitió el derribo de aeronaves en infracción.

En ese momento, la vigilancia electrónica de la cumbre en Mar del Plata estuvo a cargo de los aviones Awacs de la Fuerza Aérea de los EE.UU., que permitió observar ese trabajo a oficiales argentinos. Los cazas fueron los A4 con base habitual en San Luis y la orden de abrir fuego estaba a cargo del secretario de Asuntos Militares. En ese evento hubo dos interceptaciones de pilotos civiles que desconocían la prohibición de volar en esa zona.

En casos más recientes, durante la ceremonia de juramento del presidente Macri, cuando dos aviones Pucará protegieron el espacio aéreo metropolitano e interceptaron una avioneta que había despegado del aeródromo de Ezpeleta y fue obligada a aterrizar en Quilmes.

En el decreto de emergencia de seguridad también aparece la necesidad de completar la radarización de la frontera norte y se habilita "en forma inmediata la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos".

Más allá del permiso para derribar aviones considerados hostiles, la emergencia de seguridad tiene como otro punto operativo importante la convocatoria a personal retirado de las fuerzas de seguridad, tal como adelantó LA NACION en su edición de anteayer.

Ese llamado a quienes hoy no están en servicio activo tiene que ver con la necesidad de contar rápido con un refuerzo de tropas, a partir de la utilización de esos reincorporados en tareas menores para liberar efectivos en actuales capacidades operativas para enfrentar al narcotráfico en la frontera norte.

El eje del esfuerzo de seguridad será colocado, según se desprende de ese decreto, en frenar el ingreso de drogas en el norte argentino.

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